El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha tomado una decisión relevante en el ámbito de la protesta ambiental, absolviendo a 11 activistas de Greenpeace que habían sido acusados de desórdenes públicos por su intervención en el Puerto de Sagunto el pasado 26 de octubre de 2021. En su dictamen, el tribunal determinó que durante las acciones de los activistas no se produjeron actos de violencia o intimidación que pudieran alterar de manera grave la paz pública, un requisito esencial según la legislación penal. Esta resolución representa un precedente importante para el ejercicio del derecho a la protesta en la región y destaca la línea de la justicia en la evaluación de actos de desobediencia civil relacionados con causas ambientales.
La protesta en cuestión involucró al buque de Greenpeace, denominado Esperanza, que se dirigió al Puerto de Sagunto con el objetivo de detener la llegada del gasero Merchant. Los activistas realizaron un despliegue en lanchas, interceptando el barco y rayando su casco con la frase “No + gas”. Esta acción provocó una interrupción significativamente prolongada del proceso de descarga del buque, obligando a que el Merchant quedara fondeado en otro lugar del puerto por casi 12 horas. El enfoque de Greenpeace, basado en la no violencia, fue un componente clave que el tribunal tuvo en cuenta al evaluar las circunstancias de la protesta.
Desde la fiscalía, se había solicitado en un primer momento penas de hasta cinco años de prisión para los activistas, las cuales fueron reducidas a un máximo de dos años y seis meses en el momento del juicio. Sin embargo, la decisión del TSJCV pone de relieve la dificultad de llevar a cabo acusaciones de desórdenes públicos en el contexto de la protesta ambiental, especialmente cuando no se puede demostrar que haya habido violencia o amenazas hacia la seguridad pública. Este veredicto es visto por muchos como una victoria no solo para los acusados, sino también para el movimiento ambientalista en general.
La respuesta a esta decisión ha sido variada. Mientras que algunos sectores de la sociedad y organizaciones ecologistas han celebrado la absolución como un triunfo notable en la protección del derecho a la protesta y la defensa del medio ambiente, otros critican lo que consideran un riesgo de normalización de acciones que pueden afectar la actividad industrial y económica de la región. Este caso particular ha reabierto el debate sobre la relación entre la protesta, la seguridad pública y el activismo ambiental en España, situando a la comunidad Valenciana como un foco de atención.
Por otro lado, Greenpeace ha reiterado su compromiso de seguir realizando acciones pacíficas y no violentas para concienciar sobre la crisis climática y la dependencia de los combustibles fósiles, que consideran insostenible. La organización ha enfatizado que los actos de protesta como el de Sagunto son herramientas necesarias para llamar la atención sobre temas que consideran urgentes para el planeta. Así, a medida que el mundo enfrenta desafíos ambientales crecientes, la dinámica entre los derechos de protesta y las necesidades económicas seguirá siendo objeto de debate en los tribunales y en la sociedad en general.
