Un cargamento significativo de petróleo venezolano está en proceso de descarga en un puerto del país sudamericano, con un buque fletado por Chevron transportando alrededor de 500 mil barriles. Esta situación se produce a pesar de un escenario complicado, donde la estatal petrolera PDVSA ha ordenado la devolución del crudo debido a las dificultades de pago que generan las sanciones impuestas por Estados Unidos. La acción refleja la creciente incertidumbre en la relación comercial entre Chevron y PDVSA, así como el impacto de las restricciones internacionales sobre las operaciones petroleras de Venezuela, que intentan sortear el ambiente hostil que ha prevalecido en los mercados internacionales de energía.
Por otro lado, el contexto es aún más complejo, ya que al menos nueve buques tanque, que Chevron había fletado para llevar crudo venezolano a Estados Unidos en las próximas semanas, se encuentran detenidos en el Mar Caribe a la espera de instrucciones. Esta espera se produce tras una reciente decisión de PDVSA de cancelar permisos de carga y devolver dos cargamentos, lo que ha acortado drásticamente el margen de maniobra de Chevron. La situación pone de manifiesto cómo las sanciones afectan no solo las operaciones de las compañías involucradas, sino también la recuperación económica del país, que depende en gran medida de sus exportaciones petroleras.
El buque Carina Voyager, de bandera de Bahamas, inició el proceso de descarga en el Puerto José de PDVSA el 12 de abril, actuando bajo la operación de Chevron. Este tanque, que originalmente estaba destinado a exportar crudo, está previsto que finalice su operación de retorno de petróleo el 14 de abril. Además, se ha anticipado que el buque Dubai Attraction, con bandera de las Islas Marshall, devolverá unos 300 mil barriles de crudo pesado Boscan a la Terminal Amuay de PDVSA, que también está pendiente de completar una inspección portuaria antes de su descarga. Esto destaca el giro en las operaciones, donde las exportaciones se convierten en devoluciones, reflejando las tensiones en el sector.
En una declaración pública, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, atribuyó los problemas actuales a las sanciones estadounidenses que, según ella, impiden que Chevron realice los pagos adecuados por el petróleo. Rodríguez subrayó que estas acciones son parte de una “guerra económica” en contra de las empresas petroleras, información que se ha multiplicado en las redes sociales. A pesar de que Chevron no ha emitido comentarios oficiales sobre la situación, las afirmaciones de Rodríguez indican una clara condena a las medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que considera perjudiciales para el desarrollo de la industria petrolera nacional.
Finalmente, es relevante señalar que la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela, emitida en 2022 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue revocada en marzo por la administración del presidente Donald Trump. Esta revocación ha instaurado un plazo hasta mayo para que Chevron reduzca sus operaciones y exportaciones, sumándose a la creciente presión que enfrenta el gigante petrolero. La situación es un reflejo más de cómo las decisiones políticas pueden influir en el sector energético de un país, afectando tanto a la producción interna como la relación con otras economías a nivel global.
