El trágico incidente que dejó a dos hinchas muertos durante los accesos al Estadio Monumental el pasado 10 de abril ha tomado un giro inesperado, obligando a Carabineros y al Gobierno a enfrentar un nuevo desafío en la investigación. Según un informe reservado filtrado por CIPER, las versiones iniciales sobre el caso se han visto cuestionadas gravemente. De acuerdo con los testimonios de testigos presenciales, el carro policial no aplastó a las víctimas con una reja, sino que las atropelló directamente, lo que pone en tela de juicio la narrativa oficial que habían sostenido las autoridades hasta ahora.
CIPER revela que las declaraciones de tres testigos, incluida una cabo de Carabineros y dos civiles, indican que el vehículo policial avanzó sin detenerse hacia un grupo de personas que se había dispersado. Las víctimas, identificadas como Martina y Mylán, ya habían superado las barreras de contención y se encontraban a una distancia segura cuando fueron impactadas. Esta información contradice las afirmaciones iniciales de que la reja de contención, derribada por una multitud, habría sido la causante de los atropellos, sugiriendo que se trató de un error mucho más grave en la actuación de las fuerzas del orden.
El informe de Carabineros ha suscitado un gran descontento y ha contribuido a la creciente desconfianza hacia las versiones oficiales. Los testimonios de los civiles, que describieron la situación caótica durante el incidente, detallan cómo la policía no realizó maniobras evasivas mientras el carro avanzaba, lo que implica una falta de responsabilidad y cuidado por parte de los agentes. Esta situación ha generado un clamor por mayor transparencia y rendición de cuentas en las fuerzas policiales, especialmente en eventos de alta tensión como lo son los partidos de fútbol.
A pesar de la gravedad del asunto, se ha informado que dos de los tres ocupantes del vehículo policial han decidido acogerse al derecho de no declarar, lo cual complica aún más la investigación. El tercer ocupante, situado en la parte posterior, alegó que no vio lo que sucedió, lo que plantea interrogantes sobre la responsabilidad colectiva y la cultura de impunidad que podrían existir dentro de la institución. Sin grabaciones ni cámaras que documentaran el incidente, la búsqueda de justicia se vuelve cada vez más complicada.
Con la versión del atropello directo contradiciendo la narrativa inicial de un aplastamiento accidental, se espera que este nuevo giro en la historia genere una presión renovada sobre las autoridades para que actúen con mayor diligencia. La familia de las víctimas y la opinión pública demandan respuestas claras y se intensifican los llamados a reformar la conducta de las fuerzas del orden en situaciones críticas, donde la vida de ciudadanos inocentes se encuentra en riesgo. La ONG CIPER se ha comprometido a seguir de cerca el desarrollo de esta historia y a publicar más información conforme se vaya esclareciendo la verdad de lo sucedido.
