Con la firma de un nuevo convenio de colaboración entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Casa de Moneda de Chile y los gremios ANASAC, AFIPA e IMPPA, se ha establecido una mesa de trabajo conjunta que busca potenciar la trazabilidad y la seguridad digital en la industria fitosanitaria. El objetivo central de esta iniciativa es identificar claramente el origen de los productos fitosanitarios, prevenir manipulaciones en su distribución y avanzar hacia una regulación nacional que garantice un etiquetado seguro y confiable. Este esfuerzo conjunto es un paso hacia la modernización y el fortalecimiento de los mecanismos de control en un sector clave para la economía chilena.
La mesa de trabajo pública-privada se propone desarrollar un piloto de trazabilidad que permitirá validar en terreno un sistema de etiquetado con tecnologías de seguridad innovadoras, como códigos QR seguros y elementos antifalsificación, creados por la Casa de Moneda. Estas herramientas no solo aseguran la autenticidad de los productos, sino que también permitirán un rastreo efectivo a lo largo de toda la cadena de comercialización, dificultando la entrada de productos no autorizados al mercado. Este tipo de iniciativas se vuelve crucial en un contexto donde la trazabilidad de productos fitosanitarios presenta brechas significativas que afectan el control de su distribución.
El compromiso de la Casa de Moneda en este proyecto es fundamental, dado su expertise en soluciones de seguridad inviolables. La Gerenta Comercial de la Casa de Moneda, Ángela Movillo, subrayó la importancia de esta colaboración, señalando que “como institución pública, estamos dedicados a desarrollar herramientas que aporten seguridad y trazabilidad en sectores estratégicos de la economía chilena”. Este acuerdo se presenta como una oportunidad efectiva para elevar los estándares en la materia, ayudando a alinear la regulación con las mejores prácticas internacionales y a responder a las exigencias de normativas como la Ley REP, que demanda trazabilidad desde la producción hasta la gestión de envases.
El Director Nacional del SAG también ha enfatizado que la trazabilidad “no es solo una exigencia técnica, sino que representa una garantía para los consumidores y una herramienta vital para la industria”. Con la creación de esta mesa de trabajo, se busca consensuar un estándar mínimo de seguridad digital que se pueda aplicar como futura norma nacional, lo que a su vez ofrecerá mayor certidumbre jurídica a los actores del sector privado. La colaboración entre el sector público y privado es esencial en este proceso, ya que permitirá establecer un orden en la cadena de distribución y fomentar la competencia formal.
Las voces del sector privado también se han hecho escuchar en este contexto. María Beatriz Ceardi, gerente de Asuntos Regulatorios de ANASAC, así como Patricia Villarreal, directora ejecutiva de AFIPA, hicieron un llamado a la unión de esfuerzos para enfrentar el creciente mercado negro que amenaza la seguridad de la agricultura chilena. La trazabilidad se convierte en una prioridad ineludible para asegurar la calidad y autenticidad de los productos fitosanitarios en el país. Este esfuerzo conjunto busca no solo cumplir con desafíos locales, sino también adaptarse a exigencias internacionales en materia de fiscalización y seguridad sanitaria, posicionando a Chile como un referente en el área de trazabilidad fitosanitaria y control de insumos agrícolas.
