La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha determinado que la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) deberá enfrentar una sanción económica de 110 unidades tributarias anuales (UTA) debido a múltiples denuncias por ruidos molestos generados en el interior del Puerto de Valparaíso. Esta decisión se deriva de un procedimiento administrativo sancionatorio iniciado por reclamaciones que señalaban el impacto de los ruidos relacionados con el movimiento de contenedores, tales como el uso de grúas y el tránsito de camiones y trenes. Según la SMA, se registraron un total de 13 acusaciones, que abarcan desde agosto de 2021 hasta junio de 2023, destacando la continua preocupación de la comunidad respecto a los efectos acústicos de la actividad portuaria.
Las quejas recibidas por la SMA se centran en los ruidos producidos por diversas operaciones en el puerto, como el movimiento de grúas, la carga y descarga de contenedores a vehículos de transporte, así como el ruido generado por bocinas y motores. En particular, durante el mes de abril de 2023, se registraron niveles de ruido que superaron los 60 decibeles (dB) durante la noche, algunas mediciones alcanzando hasta 66 dB. Se estima que estos niveles de ruido han afectado a aproximadamente 4.989 residentes en las cercanías del puerto, evidenciando un problema significativo de impacto ambiental y calidad de vida para los vecinos.
La resolución de la SMA, documentada en la Resolución Exenta N°1/Rol D-290-2023, incluye un detallado registro de las mediciones de presión sonora, realizadas en diversas condiciones, tanto internas como externas, para validar las denuncias. En este contexto, la EPV fue notificada formalmente el 5 de enero de 2024, recibiendo así la comunicación oficial de la formulación de cargos. Esta multa se encuentra en el marco de las atribuciones de la SMA para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y la protección de los derechos de la comunidad afectada.
En respuesta a la penalización, la EPV ha presentado sus descargos en enero de 2024, defendiendo su posición y solicitando la absolución de los cargos o, en su defecto, la imposición de una sanción más leve. Sin embargo, la SMA ha desestimado estas solicitudes, afirmando que han sido probados los hechos que sustentan la formulación de cargos, lo que implica que la empresa podría enfrentar consecuencias más severas si sus acciones no se alinean con las normativas vigentes. Esta situación pone de relieve la tensión entre la operación portuaria y la calidad de vida de la comunidad local.
Finalmente, la EPV tiene la opción de apelar las decisiones tomadas por la SMA ante el Tribunal Ambiental, lo que podría abrir un espacio para la revisión de la sanción impuesta. De no optar por esta acción y decidir pagar la multa, la empresa podría beneficiarse de un descuento del 25% sobre el total de la sanción, siempre que realice el pago dentro de los cinco días hábiles posteriores a su notificación. Este caso subraya la creciente importancia de la regulación ambiental en las operaciones portuarias y el compromiso por parte de las autoridades de proteger a las comunidades de los efectos adversos del ruido y la contaminación.
