La compañía Panama Ports Company, S.A. (PPC), que opera los terminales portuarios de Balboa y Cristóbal, se pronunció recientemente en defensa de su contrato de concesión renovado en 1997, el cual ha sido objeto de cuestionamientos sobre su validez legal. Este pronunciamiento se produce tras un análisis realizado por la Contraloría General de la República de Panamá, que puso en duda la legitimidad de la concesión. A través de un comunicado, PPC reafirmó que su contrato ha sido sostenido sobre una base legal sólida y que mantiene todas las condiciones requeridas por las leyes panameñas.
PPC destacó la magnitud de sus inversiones en el país, las cuales ascienden a más de $1,695 millones de balboas, superando con creces tanto la inversión mínima de $50 millones que estipulaba el contrato original como la cifra de $1,000 millones acordada en la adenda del contrato. Este hecho fue verificado por la Contraloría en 2020, después de un exhaustivo proceso de auditoría que culminó en cuatro meses de revisión. La empresa enfatiza que cualquier discusión sobre pagos o cantidades adeudadas debe considerar estas inversiones y las adendas aprobadas, insistiendo en que las afirmaciones contrarias desinforman sobre la situación real de su relación contractual con el Estado.
En su comunicado, PPC subrayó que representa la única compañía portuaria en Panamá en la que el Estado tiene participación accionaria, con un 10% de acciones. Esta participación ha permitido al Estado panameño recibir dividendos por un total de $126 millones durante los últimos 28 años. Esta contribución resalta el compromiso de PPC con la economía nacional, ya que otros operadores portuarios no han realizado pagos similares al Estado, afirmando así su posición única en el sector.
Además, PPC recordó que la Contraloría General de la República concluyó en su informe de 2020 que la empresa cumple satisfactoriamente con las cláusulas del contrato de concesión. También, la Autoridad Marítima de Panamá certificó en 2021 que los compromisos de PPC bajo este contrato están siendo cumplidos. Estas validaciones institucionales refuerzan la afirmación de PPC de que la extensión de su concesión es totalmente válida y conforme a la normativa legal vigente.
Finalmente, PPC hizo hincapié en su historial de pagos al Estado, que han totalizado $668 millones, superando las contribuciones de cualquier otro operador en el país. Adicionalmente, la compañía ha resaltado el impacto positivo de sus inversiones en la economía nacional, contribuyendo más de $5,900 millones en valor agregado. Ante este panorama, PPC reafirmó su compromiso con Panamá, insistiendo en la importancia de un diálogo coordinado y respetuoso para proteger su concesión y continuar ofreciendo servicios de calidad que benefician tanto al país como al comercio internacional.
