En el marco del tercer aniversario de la Asociación de Educadores de Chile (ASEDUCH), su presidente nacional, el profesor José Luis Velasco, se dirigió a la comunidad educativa para expresar su preocupación respecto al proyecto de Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. Durante su intervención en un evento conmemorativo, Velasco hizo un llamado urgente al Senado para revisar críticamente las disposiciones de esta iniciativa legislativa. Advirtió que las exigencias impuestas a los establecimientos educacionales son desproporcionadas y se carece de los apoyos necesarios para cumplir con las nuevas obligaciones, lo que podría tener un impacto negativo en el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
El profesor Velasco denunció que esta normativa, tal como está formulada, no solo aumentaría la burocracia en las escuelas, sino que podría erosionar la autoridad pedagógica de los docentes, un factor crucial para mantener un ambiente de respeto y aprendizaje. Según Velasco, estas condiciones son peligrosas, ya que pueden provocar un clima en el que los educadores se sientan despojados de su poder para guiar y educar los estudiantes de manera eficaz, lo que a su vez afecta la calidad de la enseñanza. Las consecuencias de estas medidas serían una sobrecarga emocional y administrativa para los docentes, quienes ya enfrentan desafíos significativos en su labor diaria.
ASEDUCH también mostró su preocupación por la creciente judicialización de las relaciones dentro de las comunidades educativas, un fenómeno que Velasco considera alarmante. Según el dirigente, se está buscando reemplazar los vínculos tradicionales de confianza y diálogo que deben existir entre educadores y estudiantes, por relaciones predominantes en lo jurídico, donde los conflictos son resueltos mediante protocolos y acciones coercitivas. Un ejemplo de esta mala práctica es la suspensión de docentes que intervienen en situaciones de violencia entre alumnos, lo que revela una falta de apoyo y reconocimiento hacia la labor educativa que ellos realizan en momentos críticos.
Desde ASEDUCH se argumenta que el enfoque normativo actual no aborda las causas estructurales de la violencia en las escuelas y que, en lugar de eso, representa un incremento en las cargas administrativas. Esto no solo se traduce en mayores costos para los establecimientos educativos, sino que también podría aumentar el estrés y la frustración entre los educadores, afectando no solo su desempeño, sino también la experiencia de aprendizaje de los alumnos. La Asociación subraya que es esencial abordar el problema de la convivencia escolar con soluciones integrales y no mediante leyes que sólo incrementan las responsabilidades sin ofrecer las herramientas adecuadas para su cumplimiento.
En respuesta a estos desafíos, ASEDUCH ha reiterado la necesidad de construir un nuevo pacto educativo que involucre a todos los actores del sistema escolar en el país. Velasco insistió en que es imprescindible establecer un marco legal que devuelva a los educadores las atribuciones necesarias para ejercer su labor en un entorno seguro y ordenado. Esta demanda refleja la visión de que las políticas educativas deben estar alineadas con la realidad vivida en las aulas, y que sin cambios profundos, los esfuerzos por mejorar la educación en Chile continuarán siendo meras promesas desconectadas de las necesidades reales de las comunidades educativas.
