En Chile, una innovadora propuesta se ha presentado para reforzar la gestión, prevención y respuesta ante emergencias y desastres, teniendo en cuenta el impacto del cambio climático y la necesaria reparación a las víctimas. Esta iniciativa, que busca transformar la manera en que el Estado enfrenta situaciones de crisis, se gesta a partir de una colaboración entre la Fundación Ronda y el Estudio Jurídico Colombara, con el respaldo de varios legisladores, incluyendo a los diputados Hotuiti Teao y Camila Musante, así como al senador Gastón Saavedra y la senadora Paulina Núñez. La propuesta fue expuesta en la Cámara de Diputados, donde se delinearon acciones concretas para apoyar las instituciones públicas responsables, como el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).
Uno de los pilares de esta propuesta es la atención a la gestión comunitaria y territorial, junto con la protección de los derechos humanos, especialmente en el contexto de grupos prioritarios. María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo de la Fundación Ronda, destacó la urgencia de una transformación en la manera de abordar las emergencias, enfatizando que la iniciativa surge desde la sociedad civil como respuesta a catástrofes que han dejado profundas huellas en la población. Esta visión busca no sólo mitigar los efectos inmediatos de desastres, sino también crear un marco robusto que garantice la protección y el bienestar de las comunidades afectadas.
La propuesta también prevé la creación de comisiones temáticas que reunirán a expertos de diversos sectores, incluyendo academia y sociedad civil, para desarrollar estrategias efectivas en la prevención y actuación ante emergencias. El Estudio Colombara, representado por Jennifer Alfaro, ha señalado la importancia de un trabajo conjunto a nivel nacional e internacional para solicitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examine los efectos del cambio climático y la gestión de desastres, subrayando la necesidad de velar por los derechos humanos en situaciones críticas.
El diputado Hotuiti Teao resaltó que, si se hubiera implementado esta política pública de manera adecuada, se podrían haber evitado pérdidas humanas y el sufrimiento de muchas familias que aún viven en condiciones precarias tras desastres recientes. En este contexto, la diputada Camila Musante enfatizó que Chile se enfrenta a múltiples factores de riesgo relacionados con el cambio climático, lo que demanda una institucionalidad más ágil y adaptativa. Desde el ámbito legislativo, el senador Gastón Saavedra subrayó que no solo es necesario reaccionar tras una catástrofe, sino prevenir y corregir proactivamente, asegurando así una respuesta efectiva y un compromiso sostenido con las comunidades afectadas.
La participación de expertos y organizaciones de la sociedad civil es fundamental en este plan de acción, que busca empoderar a las comunidades y fomentar su capacidad de resiliencia. Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, afirmó que los chilenos tienen la fortaleza para levantarse tras las adversidades, pero requieren de un Estado mejor organizado y articulado. Asimismo, el académico Marcelo Lagos enfatizó la importancia de contar con comunidades activas y comprometidas que aprendan a convivir con los riesgos, mientras que René Flores, representante del comité de crisis de El Olivar, agradeció la oportunidad de visibilizar la perspectiva de las víctimas, reclamos que resuenan con fuerza en la sociedad y que marcan la agenda del nuevo enfoque hacia la gestión de desastres en el país.
