El Tribunal de Libre Competencia (TDLC) ha hecho un anuncio significativo respecto a la gestión del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso, al abrir la posibilidad de extender la concesión transitoria de dicha instalación. Esta gestión, que ha estado a cargo desde 2022 por Terminal Portuario Valparaíso (TPV), una filial de Agencias Universales S.A. (Agunsa), se encuentra en un periodo de transición crítico, ya que se anticipa que para el año 2030, toda la infraestructura portuaria quedará bajo la administración de un solo operador. Esta decisión del TDLC se deriva del informe número 40, que busca establecer un marco claro para el futuro del puerto y garantizar condiciones de competencia justas en el proceso de licitación.
El informe, emitido el 28 de mayo de 2026, se centra en la solicitud de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) que abarca el periodo entre el 16 de marzo de 2027 y el 31 de diciembre de 2029. Durante este tiempo, se prevé que el contrato actual de concesión del Terminal 2 llegue a su fin, lo que abre la puerta a la necesidad de una nueva licitación que cubrirá la gestión de ambos terminales a partir de 2030. En este contexto, el TDLC ha evaluado dos propuestas de la EPV: una que busca modificar el contrato de concesión actual para extender su vigencia, y otra que se refiere a la configuración de las condiciones necesarias para lanzar una nueva licitación.
Según las conclusiones del TDLC, la extensión de la licitación actual se considera compatible con la normativa del sector y las disposiciones del Informe N° 20/2021, lo que significa que no representa riesgos significativos para la competencia en el puerto. Así, el Tribunal ha aprobado la solicitud de la EPV, permitiendo que la actual concesión con TPV se extienda bajo los términos solicitados. Esta decisión resulta crucial para asegurar la continuidad de las operaciones en el Terminal 2 en un periodo de transición.
Adicionalmente, el TDLC ha revisado las condiciones para una futura licitación, validando las bases propuestas por la EPV con ciertos ajustes. En este análisis, se ha mostrado especial atención al concepto de incumbente y a los aspectos del índice tarifario que regirán la adjudicación. Para fomentar un entorno competitivo justo, el Tribunal ha establecido medidas que restrinjan la integración horizontal y vertical, alineándose con sus lineamientos de regulaciones anteriores. Asimismo, se han definido otras medidas de control y fiscalización para las bases de licitación que se implementen en el futuro.
En general, el TDLC ha fundamentado su análisis en el carácter excepcionalmente corto del periodo de transición y en la ausencia de requerimientos de inversión en nueva infraestructura. La evaluación se ha llevado a cabo de manera meticulosa, considerando las solicitudes de manera independiente y justificada. Esta serie de decisiones apunta a garantizar no sólo la operatividad del puerto durante el periodo de transición, sino también a fomentar una competencia leal que beneficiará a todos los actores involucrados en el puerto de Valparaíso al finalizar el proceso de unificación en 2030.
