La Aduana Regional de Talcahuano ha llevado a cabo una significativa operación contra el robo de cobre, logrando incautar un total de 152.930 kilos de este metal, con un valor estimado de 1,37 millones de dólares. Estos cargamentos ilícitos, que pretendían salir del país a través de los puertos de la Región del Biobío, fueron detectados gracias a un minucioso trabajo de análisis y fiscalización implementado por el organismo. Esta labor fue destacada por la Dirección Nacional de Aduanas, que explicó que el enfoque específico en el cobre robado es parte de un esfuerzo coordinado con la Fiscalía Regional y la Policía de Investigaciones, así como con otras instituciones que participan en el control del comercio exterior.
Desde fines de 2024 hasta julio de 2025, la Aduana ha realizado un total de diez procedimientos, principalmente en los puertos de Lirquén, San Vicente y Coronel. Katherine Ampuero, Directora de la Aduana Regional de Talcahuano, indicó que estas acciones se han llevado a cabo mediante una combinación de inteligencia y análisis, lo que ha permitido no solo la identificación de los cargamentos sospechosos, sino también la conexión con casos de otros organismos involucrados en la lucha contra el crimen organizado. Estos esfuerzos evidencian un compromiso claro hacia la erradicación del delito de robo de cobre que, en los últimos años, ha crecido de forma sostenida, causando estragos en diversas empresas.
El informe de Aduanas detalló que los casos detectados involucran múltiples tipos penales como el contrabando, el lavado de activos, la asociación ilícita, el robo y la receptación. Con este panorama, la Aduana trabaja de manera integral en la identificación y seguimiento de las operaciones y empresas asociadas al comercio de cobre. Tal esfuerzo se enmarca dentro del Plan Nacional de Crimen Organizado, donde el robo de cobre representa una de las principales preocupaciones debido al impacto negativo que ha generado en sectores como las telecomunicaciones y el transporte ferroviario, afectando a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).
A raíz del aumento del delito, la Cámara de Diputadas y Diputados ha impulsado una ley que endurece las penas por robos, hurto y receptación de cables, especialmente aquellos relacionados con servicios esenciales. Esta legislación no solo fortalece la persecución del fraude en exportaciones, sino que también introduce reformas relevantes a la Ordenanza de Aduanas. La Aduana, por su parte, ha ofrecido información valiosa para las investigaciones de la Comisión que aborda el robo de cables, evidenciando la relevancia de la cooperación interinstitucional en la lucha contra estos delitos.
Finalmente, Aduanas ha enfatizado que su labor se ha transformado en modelos más sofisticados basados en datos, permitiendo la implementación de estrategias de prevención y anticipación ante riesgos relacionados con la chatarra, en particular el cobre. Este enfoque se integra al Plan Interinstitucional de Chatarra de Aduanas, que abarca todo el país y busca no solo fiscalizar, sino también prevenir delitos a través del análisis de información, generando alertas que facilitan la interceptación de cargas sospechosas antes de que logren salir del país. En este contexto, la Aduana se posiciona como un actor clave en la estrategia nacional contra el crimen organizado, fortaleciendo la seguridad del comercio exterior.
