La reciente decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados de declarar inadmisible el proyecto de Royalty Portuario ha generado una serie de reacciones en el sector portuario chileno. Esta medida fue tomada en consideración a que la iniciativa se encuentran bajo el ámbito de exclusividad del Presidente de la República. Gonzalo Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Agentes de Naves (Asonave), celebró el respeto hacia las normas institucionales, llamando a redirigir la conversación hacia un enfoque técnico y constitucional que beneficie a todos los actores involucrados.
Fernández expresó que es fundamental trabajar de manera colaborativa con el Gobierno, los municipios y las comunidades portuarias para encontrar soluciones que fortalezcan a las ciudades-puerto en el país. En su declaración, subrayó que el propósito va más allá de la ley propuesta, ya que se requiere un enfoque integral que no solo respete la legalidad sino que también promueva un desarrollo sostenible y competitivo del sector logístico y comercial.
En relación a las críticas sobre la propuesta de un gravamen plano por tonelada, Fernández argumentó que este tipo de carga económica no debe confundirse con un royalty, ya que, en su esencia, opera como un impuesto al tránsito de mercancías. Este enfoque podría desincentivar el comercio exterior y aumentar significativamente los costos operacionales, afectando la competitividad de los puertos chilenos frente a otros en la costa del Pacífico.
Fernández dejó claro que el objetivo de Asonave y del sector portuario es contar con ciudades-puerto robustas con reglas definidas y costos controlados. De igual forma, hizo un llamado a la acción para avanzar en la creación de un sistema de impuestos que no represente una carga adicional para los comerciantes y que permita a las ciudades-puerto prosperar sin sacrificar el flujo comercial que es esencial para la economía nacional.
Finalmente, Gonzalo Fernández reiteró la disposición de Asonave para colaborar con instancias gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Transportes y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, así como con alcaldes y autoridades regionales. El objetivo es diseñar mecanismos serios, transparentes y constitucionales que puedan generar beneficios tangibles para las ciudades-puerto, promoviendo un desarrollo armónico del comercio exterior y del sector logístico en su conjunto.
