El concesionario del Puerto Libertador Simón Bolívar de Guayaquil, Contecon, ha presentado una demanda en la Corte Constitucional de Ecuador acusando la inconstitucionalidad del régimen portuario del país. En su solicitud, Contecon argumenta que es víctima de competencia desleal debido a que las leyes actuales permiten a los terminales privados operar con permisos simples, eximiéndolos de responsabilidad y del pago de regalías. Esto coloca a la empresa en una situación de desventaja frente a otros operadores que tienen contratos de delegación estatal, lo que ha provocado un profundo debate sobre la equidad normativa en el sector portuario.
Contecon busca que la Corte priorice su demanda, basándose en la Sentencia 112-21-IN/25, que limitó la participación privada en el sector energético. La empresa sostiene que los criterios establecidos en este fallo deben aplicarse también al ámbito portuario, reclamando que la intervención privada en sectores estratégicos debe ser altamente regulada y excepcional, tal como lo establece la Constitución ecuatoriana de 2008. Esta estrategia legal apunta a la reestructuración del marco legal existente, que, según Contecon, no ha sido actualizado desde la Ley de Puerto de 1976 y su reglamento de 2000.
Los abogados de Contecon enfatizan que lo que cuestionan no es la participación privada en la actividad portuaria, sino la falta de regulación adecuada que permita al Estado cumplir su responsabilidad de garantizar un servicio público de calidad. Argumentan que la situación actual, donde decenas de terminales portuarias privadas operan sin un marco contractual sólido, pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio. En Guayaquil, por ejemplo, existen seis terminales privadas entre las más importantes del país, lo que pone de manifiesto la paradoja de que la excepción constitucional se ha convertido en una regla general.
Ante la inacción normativa, Contecon ha solicitado a la Corte que se emita un dictamen urgente, argumentando que es necesario establecer un régimen transitorio para evitar un vacío legal que podría desestabilizar el sector portuario. Esta medida obligaría a los operadores privados a regularizar su situación contractual, promoviendo un entorno más seguro y eficiente. Sin embargo, su petición ha sido recibida con resistencia por parte de la Procuraduría General del Estado y otros actores, quienes defienden el modelo actual y solicitan a la Corte que rechace la demanda de Contecon.
La defensa estatal sostiene que la concesionaria está incurriendo en una confusión conceptual al suponer que toda participación privada debe amoldarse a la figura de “delegación excepcional”. Aducen que Contecon intenta aprovecharse de la situación actual en un contexto de creciente controversia sobre el régimen portuario. Esta disputa pone de relieve las tensiones entre los operadores privados y las regulaciones estatales, y plantea importantes cuestiones sobre la gobernanza en el sector público y la necesidad de un marco legal que promueva la equidad y la sostenibilidad en la actividad portuaria.
