Greenpeace Pacífico Sur, la entidad jurídica que representa a la organización ambiental transnacional en Chile, ha interpuesto un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros para impugnar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Puerto Exterior de San Antonio. Este recurso busca revertir la aprobación otorgada el 9 de junio de 2026 por la Comisión de Evaluación (Coeva) de la Región de Valparaíso y solicita el rechazo del proyecto impulsado por la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), argumentando que la autoridad ambiental actuó de manera irregular al no considerar debidamente las observaciones ciudadanas presentadas durante el proceso de participación pública.
En su reclamo, Greenpeace denuncia graves falencias en la evaluación del proyecto, especialmente en cuanto a los impactos que las obras tendrán sobre el transporte de sedimentos en las playas del sector, como en la Ensenada de Cartagena. El proyecto de Puerto Exterior contempla la construcción de un rompeolas que, según argumenta la ONG, interrumpiría el flujo de arenas provenientes del río Maipo y de la deriva litoral. A pesar de ello, la autoridad ambiental desestimó la posibilidad de incrementar la erosión en la zona, justificando su posición con la premisa de que Cartagena depende de dinámicas locales, sin haber realizado un estudio de balance sedimentario que respalde dicha afirmación.
Otro aspecto crítico señalado por Greenpeace se centra en el análisis del Cañón de San Antonio. La organización cuestiona la validez de los estudios realizados, señalando que los propios informes reconocen que la simulación digital en esta fosa submarina fue interrumpida por limitaciones tecnológicas, lo que impidió evaluar adecuadamente la hidrodinámica de la zona y la tasa de sedimentación esperada. Además, en cuanto a los recursos hídricos, Greenpeace sostiene que la línea de base utilizada no refleja correctamente la variabilidad estacional ni el impacto de la sequía prolongada, sugiriendo que los análisis se basan en estimaciones indirectas que no permiten prever cambios mensuales en las aguas superficiales y subterráneas.
El Humedal Urbano Ojos de Mar también es objeto de preocupación por parte de Greenpeace, quien ha observado que, aunque se modificó el diseño original del puerto para evitar el relleno de las Lagunas de Llolleo, la autoridad no evaluó adecuadamente las repercusiones que tendrá esta obra en el equilibrio hídrico y la biodiversidad del área. La ONG advierte que la construcción de la barrera portuaria y los cambios en el borde costero podrían alterar significativamente la entrada y salida de agua salada, lo que generaría un efecto dominó sobre la ecología del humedal.
En este contexto, Greenpeace argumenta que las deficiencias en el expediente del proyecto son suficientes para poner en duda su calificación favorable. A pesar de la recomendación positiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Coeva de la Región de Valparaíso aprobó el proyecto por unanimidad. Sin embargo, la entrada en la fase de impugnación administrativa ante el Comité de Ministros ha generado una división de opiniones. Mientras EPSA busca flexibilizar exigencias técnicas, una coalición de actores sociales y comunitarios pide la reversión de la aprobación, cuestionando la participación ciudadana y denunciando los potenciales daños ecológicos al estuario del río Maipo y el Humedal Ojos de Mar.
