La controversia en torno al futuro del Puerto de Montevideo ha cobrado nuevas dimensiones con el interés de grandes operadores internacionales en desarrollar una segunda terminal especializada de contenedores. El gobierno uruguayo se encuentra en una encrucijada, ya que un contrato firmado en 2021 con Katoen Natie ha colocado restricciones significativas que favorecen a la Terminal Cuenca del Plata (TCP). Esta situación no solo plantea un dilema en términos de competencia, sino que también involucra inversiones millonarias y potenciales demandas internacionales que pueden impactar el funcionamiento del principal puerto comercial del país.
Las dos compañías interesadas en establecer un nuevo terminal, Neltume Ports, controladora de Montecon, y Mediterranean Shipping Company (MSC), una de las navieras más prominentes del mundo, han encontrado un obstáculo formidable. La cláusula de prioridad de atraque para TCP, delineada en el acuerdo de 2021, garantiza que los buques que transporten contenedores sean dirigidos preferentemente a esta terminal, lo que limita las operaciones de otros competidores. Así, el Estado uruguayo se enfrenta al complicado reto de modificar este marco legal sin incurrir en posibles sanciones o demandas por parte de Katoen Natie.
MSC ha manifestado su interés en desarrollar otra terminal y ha mantenido conversaciones con el gobierno para entender las condiciones requeridas para avanzar. Sin embargo, sus demandas se centran en modificar la prioridad de atraque que protege a TCP. Esta petición es crucial, ya que MSC ha redirigido parte de sus operaciones regionales a puertos como el de Buenos Aires, buscando optimizar sus recursos. La competencia del Puerto de Montevideo es clave para captar el comercio interregional, especialmente en un contexto donde Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia son mercados potenciales que buscan acceso eficiente a infraestructura portuaria.
Por su parte, Neltume Ports ha presentado un ambicioso proyecto que incluye una inversión de USD 900 millones para construir una nueva terminal en Montevideo, diseñada para movilizar hasta 1.15 millones de TEU anuales. Este plan, que busca no solo redistribuir contenedores, sino captar nueva carga regional, ha llegado en un momento crítico, justo tras desistirse de un arbitraje internacional que podría haber complicado aún más la situación del país. El proyecto se halla actualmente en una fase de evaluación técnica por parte de la Administración Nacional de Puertos, y debería pasar al Poder Ejecutivo para determinar si procede iniciar un proceso competitivo.
En medio de esta discusión, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió una sentencia relevante que ha eliminado restricciones para la concesión de nuevas terminales, aunque Katoen Natie insiste en que los compromisos contractuales están intactos. El ministro de Economía ha reconocido las dificultades que el contrato plantea para la apertura de una nueva terminal, en un contexto donde el país necesita atraer inversiones y mejorar su competitividad regional. La pregunta fundamental que deberá responder el gobierno es cómo equilibrar las obligaciones contractuales con el imperativo de potenciar la infraestructura portuaria de Uruguay, sin comprometer la capacidad de promover la competencia en un sector estratégico para la economía nacional.
