El Tribunal Constitucional (TC) del Perú ha admitido un Recurso de Agravio Constitucional presentado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, que busca frenar la intervención del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) en el Puerto de Chancay. Esta decisión ha generado un amplio debate en el sector portuario y regulador, ya que Cosco argumenta que Ositran carece de competencias sobre el puerto, por considerar que este es de titularidad privada. La controversia resalta la tensión entre la inversión extranjera y la regulación estatal en el contexto peruano.
La empresa, que es una asociación de capitales chinos y peruanos, sostiene que la regulación de Ositran debe tener limitaciones y solo debería extenderse a aspectos específicos como la determinación tarifaria, y solo dentro de lo que permita la normativa vigente. Esta interpretación de la ley es clave para comprender la postura de Cosco, que se siente vulnerable ante una regulación que podría afectar su operación y rentabilidad en el puerto, considerado estratégico para las importaciones y exportaciones del país.
En julio, Cosco Shipping Ports Chancay Perú ya había enfrentado un revés judicial cuando un fallo revocó la sentencia de primera instancia que había restringido las competencias de Ositran sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Ante esta situación, los representantes de la empresa decidieron apelar, argumentando que la intervención de Ositran no solo era inapropiada, sino que ponía en riesgo la confianza de los inversores y el marco legal en el que se basaron para realizar su millonaria inversión.
El abogado de la compañía, Ramiro Portocarrero, explicó que el Recurso de Agravio Constitucional es la única vía disponible para que el Tribunal Constitucional evalúe la legalidad de las acciones de Ositran en este caso. Portocarrero enfatiza que la defensa de la inversión y el respeto al marco jurídico son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica en las operaciones del puerto, lo que es vital para atraer más inversiones futuras.
Esta situación en el Puerto de Chancay pone de relieve la necesidad de clarificar las competencias de las entidades reguladoras sobre las infraestructuras de titularidad privada en el Perú. La resolución que adopte el Tribunal Constitucional no solo será determinante para Cosco, sino que también establecerá precedentes importantes que influirán en la dinámica entre el sector privado y la regulación pública en el contexto de las inversiones en infraestructura en el país.
