Cosco Shipping Estados Unidos ha tomado la drástica decisión de revocar la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos, magistrado del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima. Esta medida se produce en consecuencia de una reciente resolución judicial que favoreció a Cosco Shipping Ports Chancay Perú en un caso legal donde la empresa solicitaba la suspensión de las funciones del Organización Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) respecto a su Terminal Multipropósito en Chancay. La acción del juez generó un considerable impacto en la regulación del puerto, debilitando la supervisión del organismo fiscalizador.
La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, que impone “restricciones de visado para ciudadanos extranjeros que socavan a los gobiernos elegidos democráticamente”, subraya un enfoque más robusto en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en la región. Según las declaraciones de la entidad, bajo la administración pasada, ya se había comenzado a implementar estas limitaciones para que funcionarios corruptos no pudieran ingresar libremente al país. Este tipo de políticas busca asegurar que los actores externos no interfieran de manera negativa en el proceso democrático de naciones en el hemisferio occidental.
Además del juez Núñez Matos, la lista de restricciones incluye a varios individuos de países como Bolivia, Colombia y Ecuador, así como a sus familiares directos, quienes tampoco podrán acceder al territorio estadounidense. Estas medidas se apoyan en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), estableciendo criterios claros bajo los cuales se puede prohibir la entrada a personas cuyas acciones tengan repercusiones negativas sobre la política exterior de Estados Unidos. La acción del Departamento de Estado es un fuerte indicativo de su compromiso por defender la gobernanza y la democracia en América Latina.
El caso que involucra a Cosco Shipping Ports Chancay Perú tiene sus orígenes en una acción judicial de la empresa donde se limitaban las atribuciones del Ositran. No obstante, en febrero de 2026, el organismo supervisor reafirmó su autoridad, asegurando que las normativas locales respaldan su capacidad de control y fiscalización sobre las infraestructuras de transporte, incluyendo puertos privados como el de Chancay. Esta postura enfatiza la necesidad de una supervisión firme para garantizar un servicio adecuado a los usuarios, algo que la empresa intentó poner en cuestión.
Finalmente, a pesar de la decisión inicial del juez de primera instancia que restringía al Ositran, la situación dio un giro cuando la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó esta sentencia. Al considerar improcedente la demanda de amparo, la Corte determinó que las acciones de Ositran no representan una amenaza inminente a derechos fundamentales. Sin embargo, el conflicto persiste, ya que Cosco Shipping ha elevado el asunto al Tribunal Constitucional, donde se decidirán las facultades definitivas del organismo regulador respecto al terminal marítimo.
