Los gremios de diversos sectores productivos de Uruguay han manifestado una creciente preocupación debido al conflicto sindical en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), que opera el recinto especializado en contenedores del Puerto de Montevideo. Entidades como la Asociación Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche, y la Federación Rural, han hecho público un comunicado en el que expresan su inquietud por las interrupciones a la normal operativa del puerto, lo que podría repercutir negativamente en la economía nacional. El mensaje unificado de estas organizaciones destaca la importancia de asegurar el funcionamiento efectivo de esta infraestructura clave para el desarrollo del país.
En su mensaje, las gremiales advirtieron que Uruguay, como un país esencialmente agroexportador, depende fuertemente de su capacidad para colocar sus productos en los mercados internacionales. La paralización de las actividades portuarias no solo causa retrasos en los embarques, sino que también incrementa los costos y afecta la competitividad de Uruguay en el ámbito global. Este escenario se torna crítico, ya que las empresas uruguayas enfrentan incumplimientos comerciales que ponen en riesgo su reputación y estabilidad en el comercio exterior.
Las organizaciones han solicitado al Poder Ejecutivo que tome las medidas necesarias para garantizar la operativa del Puerto de Montevideo, sugiriendo incluso la declaración de esencialidad para priorizar su funcionamiento. “Uruguay vive de sus exportaciones y no podemos permitir que un conflicto particular ponga en peligro una infraestructura estratégica que es vital para la salida de nuestros productos”, recalcaron, instando a las autoridades a actuar de manera decidida y efectiva.
Por su parte, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (Cipu) ha expresado su inquietud ante la suspensión de operaciones en TCP por tres días consecutivos, un hecho que ocurrió en un momento en que se pensaba que el conflicto llegaría a una resolución definitiva. Cipu considera inaceptable que TCP no haya tomado las acciones adecuadas para evitar el cese de actividades, limitándose a comunicar la situación sin asumir responsabilidad sobre los costos que esta genera a sus clientes y al mercado.
Además, Cipu ha convocado a las organizaciones empresariales y a las empresas afectadas para que trabajen juntas en la creación de un registro común de los daños causados por el cese de actividades, así como para evaluar el impacto en la producción, el empleo y las exportaciones. La Cámara propone acciones legales coordinadas contra TCP y otros responsables de los problemas actuales, enfatizando que el diálogo es crucial pero no debe convertirse en un ciclo interminable de negociaciones que solo benefician a un lado del conflicto.
