El Presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha sancionado la Ley General del Sistema Portuario Nacional, cuyo objetivo principal es modernizar los puertos de este país centroamericano. Esta legislación ha sido publicada oficialmente en el Diario Oficial y se enfoca en resolver los problemas que afectan el comercio marítimo, incluyendo altos costos de importación derivados de retrasos logísticos en los puertos guatemaltecos. El Congreso ha subrayado que, durante más de 40 años, ha faltado una planificación portuaria integral, lo que ha llevado a una capacidad limitada para mejorar la infraestructura existente.
Uno de los puntos críticos abordados por la nueva Ley es el impacto que los retrasos logísticos han tenido en los precios de los bienes. Según el legislativo guatemalteco, en el año 2024, los retrasos en uno de los puertos más importantes del país hicieron que el costo final de los productos aumentara hasta en un 35% para los consumidores. El costo diario de mantener un buque en espera en el puerto puede alcanzar hasta USD35 mil, lo que, sumado a largos tiempos de espera, ha causado repercusiones significativas en la economía y el costo de vida de los guatemaltecos.
Además de la cuestión logística, la ley también aborda las preocupaciones sobre la seguridad y protección portuaria. Guatemala enfrenta presiones internacionales debido a la vulnerabilidad que representa su infraestructura portuaria para la seguridad regional y las cadenas logísticas globales. La aprobación de esta legislación busca mitigar esas debilidades estructurales, asegurando que las operaciones portuarias sean más seguras y eficientes, ayudando así a mejorar la imagen del país en el ámbito internacional, especialmente entre los socios comerciales.
La nueva ley fortalece significativamente a la Autoridad Portuaria Nacional al asignarle recursos permanentes que le permitirán supervisar el desarrollo del Sistema Portuario Nacional de manera efectiva. La normativa incluye la implementación de una tarifa portuaria única que variará según el volumen de carga, además de ofrecer beneficios fiscales a los buques nacionales y de cabotaje reduciendo en un 50% el costo de embarque y desembarque. También se ha establecido una tarifa turistica de USD2 para pasajeros de cruceros, con el objetivo de impulsar el turismo marítimo y generar más ingresos para el país.
Por último, la ley introduce nuevas fuentes de financiamiento para la Autoridad Portuaria Nacional, asegurando su sostenibilidad financiera. Estas incluyen una transferencia anual del Estado y el 100% de las utilidades que las Empresas Públicas Portuarias dan al fisco, así como regalías y donaciones. La normativa impide a la APN crear nuevas tarifas sin la aprobación del Congreso, garantizando que las modificaciones sean transparentes y responsables. Este enfoque busca asegurar que los recursos sean utilizados adecuadamente para proyectos estratégicos, lo que podría transformar la infraestructura portuaria de Guatemala en el futuro.
