CK Hutchison Holdings Limited ha dado un paso importante en su relación con la República de Panamá al iniciar un procedimiento de arbitraje internacional, argumentando un incumplimiento de un tratado de protección de inversiones. Este conflicto surgió tras una serie de actos que la empresa califica de agresiones estatales hacia sus activos, afectando gravemente sus concesiones portuarias en Balboa y Cristóbal. Según el holding, las pérdidas acumuladas hasta el momento ascienden a USD 1.500 millones, lo que subraya la gravedad de la situación desde el punto de vista económico y contractual.
En una declaración pública, CK Hutchison expuso que notificó a Panamá sobre la controversia el 4 de febrero de 2026, después de una campaña que duró un año y que incluyó investigaciones arbitrarias y el cambio inesperado de la postura jurídica del gobierno panameño. La empresa argumenta que esta campaña ha puesto en riesgo su concesión portuaria, la cual ha operado de manera continua durante tres décadas, y que el programa para reemplazar a su subsidiaria, Panama Ports Company, SA (PPC), es una clara violación de sus derechos contractuales.
CK Hutchison destacó que el 23 de febrero de 2026, el gobierno panameño tomó el control de sus concesiones en las terminales de Balboa y Cristóbal, apoderándose de propiedades, equipos, tecnología y documentación sin ninguna compensación. Este acto ha sido catalogado por la compañía como un asalto a la inversión extranjera, lo que refuerza sus argumentos en el proceso de arbitraje que ha iniciado. La empresa considera que su acción no solo busca recuperar sus activos, sino que también es un intento de proteger el marco legal y contractual que debe regir las inversiones en Panamá.
Desde la perspectiva de CK Hutchison, la respuesta del gobierno panameño ha revelado un clima de inversión inquietante, calificado de “alto riesgo” debido a la falta de respeto al estado de derecho y a los derechos contractuales. La compañía señala que el enfoque del gobierno, que incluye la reversión de posturas legales y ataques a la constitucionalidad de los derechos adquiridos, representa un desafío no solo para ellos, sino para todos los inversionistas que confían en el respeto de los tratados y los acuerdos de arbitraje en el país.
Finalmente, CK Hutchison ha enfatizado que este procedimiento de arbitraje internacional es distinto de la reivindicación judicial que busca garantizar el respeto a los derechos contractuales de PPC y la recuperación efectiva de las concesiones en Balboa y Cristóbal. En este contexto, la compañía asegura que continuará luchando por sus derechos y estableciendo un precedente que fomente un entorno de inversión más estable y predecible en Panamá.
