La Cámara de Diputados de Uruguay se encuentra en la etapa de debate sobre el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo, el cual ha sido aprobado en líneas generales. Uno de los puntos más controversiales que se abordarán en las próximas sesiones es el artículo que responsabiliza a las agencias marítimas locales por los accidentes provocados por buques extranjeros en los puertos uruguayos. Esto ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico, ya que se busca modificar el marco legal que actualmente regula la responsabilidad en estos incidentes.
El proyecto surge tras intervenciones del Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Puertos (ANP), que pretenden equiparar a las agencias de representación con los armadores o propietarios de las embarcaciones. Según informa el diario El País, esta transformación legal se justifica tras varias decisiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que anularon sanciones impuestas a consignatarias marítimas, argumentando que carecían de legitimación pasiva en incidentes provocados por los armadores.
Los críticos de la reforma, como el Centro de Navegación (Cennave) —que agrupa a diversas terminales, depósitos y operadores logísticos—, han manifestado su rechazo vehemente a esta modificación. La presidenta de Cennave, Mónica Ageitos, advirtió que esta medida cambiaría de manera drástica décadas de doctrina marítima y que imponer una responsabilidad solidaria a las agencias por hechos que no generan ni controlan puede resultar en una distorsión de los principios de seguridad jurídica en el país.
Cennave argumenta que la función de las agencias marítimas es estrictamente administrativa, por lo que obligarlas a asumir la responsabilidad financiera por eventuales siniestros podría amenazar la competitividad del comercio exterior uruguayo. Además, temen que esta medida encarecería los seguros y garantías, lo que a su vez podría impactar negativamente en las operaciones de importación y exportación, fundamentales para la economía nacional.
Las críticas y preocupaciones han encontrado eco en la oposición parlamentaria, donde figuras como los diputados Juan José Olaizola y Pablo Abdala recalcaron que la cuestión ya había sido debatida en 2010, cuando se ratificó el actual régimen. Ambos legisladores subrayaron la falta de capacidad financiera de las agencias para gestionar siniestros de gran magnitud, los cuales están cubiertos por aseguradoras internacionales. La resistencia a este artículo pone de manifiesto la necesidad de un análisis exhaustivo antes de implementar cambios que pueden tener un efecto duradero en la regulación marítima del país.
