El proyecto destinado a fortalecer la seguridad portuaria frente a las amenazas del crimen organizado ha avanzado en su tramitación legislativa en el Senado de Chile. En una sesión reciente, la Sala aprobó por unanimidad la propuesta, que ahora pasará a la Comisión de Recursos Hídricos, Pesca y Acuicultura para recibir indicaciones que mejoren su articulado. Este esfuerzo legislativo, promovido por la senadora Paulina Núñez junto a otros senadores, busca implementar un marco normativo más robusto que regule la trazabilidad, prevención y gestión de riesgos en la cadena de comercio exterior, con el objetivo de contrarrestar las acciones del crimen organizado que amenazan la seguridad nacional.
Carlos Kuschel, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, subrayó la importancia de la infraestructura portuaria como un objetivo estratégico para las organizaciones criminales, que han encontrado formas de infiltrarse en el sistema logístico al contaminar cargas y falsificar documentos importantes. Durante el debate, senadores como Iván Moreira e Iván Flores abordaron la urgente necesidad de actualizar los protocolos de seguridad en los puertos, advirtiendo que en la actualidad, solo un 3% de los 4 millones de contenedores que llegan anualmente son objeto de inspección, lo cual pone en riesgo la integridad del comercio y la seguridad de la nación.
Los legisladores hicieron eco de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo presentada por el presidente José Antonio Kast, quien ha priorizado esta moción en el contexto de la crisis de seguridad que enfrenta el país. En este sentido, se destacó la relevancia de modernizar las prácticas de seguridad portuaria, especialmente dado el crecimiento de la sofisticación del crimen organizado en el ámbito marítimo. Los senadores insisten en que los diferentes servicios portuarios operan de manera autónoma y muchas veces carecen de la coordinación necesaria para afrontar estas amenazas de forma efectiva.
El caso de la incautación de 108 toneladas de drogas, obtenido a través de un trabajo investigativo efectivo en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio, ilustra la magnitud del desafío al que se enfrenta el sistema portuario chileno. Este tipo de operaciones subrayan la crítica necesidad de un marco normativo que no solo fortalezca la capacidad de control, sino que también proporcione las herramientas necesarias para hacer frente a estas organizaciones delictivas. Se mencionaron también iniciativas previas que han buscado centralizar el esfuerzo de instituciones como la Armada, la Aduana y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), con el objetivo de crear un frente unificado contra el crimen.
Durante el debate, algunos senadores señalaron que muchos de los cambios sugeridos tendrán un costo significativo e insistieron en la importancia de involucrar a las concesionarias portuarias en esta discusión, ya que son las entidades encargadas de implementar las nuevas exigencias de seguridad. Entre los puntos destacados del proyecto, se encuentra el fortalecimiento de la trazabilidad e inteligencia aduanera, así como un aumento en las sanciones penales cuando se utilizan infraestructuras y credenciales portuarias para fines ilegales. La aprobación de este proyecto es un paso crucial hacia la mejora de la seguridad en los puertos y la protección de la economía nacional frente a las amenazas del crimen organizado.
