La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha reforzado su postura sobre el proyecto minero y portuario Dominga, al confirmar el rechazo del Comité de Ministros hacia la minera Andes Iron. En un fallo unánime, los ministros Dinko Franulic, Eric Sepúlveda y Jaime Rojas determinaron que el Tribunal Ambiental de Antofagasta excedió sus atribuciones al intentar imponer la aprobación del mencionado proyecto, encapsulando una decisión que marcó un hito en la saga judicial que rodea a esta controversial iniciativa.
La corte anuló de oficio las decisiones previas del Primer Tribunal Ambiental en relación a un procedimiento de cumplimiento incidental. En su resolución, los jueces afirmaron que la sentencia emitida en febrero de 2025 no se ajusta a los casos que la ley contempla. Esta anulación revela un análisis detallado de la aplicación incorrecta del procedimiento de ejecución, que no se alinea con lo estipulado por los artículos 174 y 175 del Código de Procedimiento Civil (CPC).
En el fallo, se establece de manera categórica que la sentencia del Tribunal Ambiental no cumplía con el requisito necesario para ser ejecutable, pues no había declarado un derecho a favor de los reclamantes. La Corte destacó que la resolución apelada no resolvió la calificación del proyecto, lo cual es esencial para la toma de decisiones. Esto constata un vacío en la argumentación del tribunal ambiental, al no poner fin al procedimiento ni darle cierre a la instancia, lo que complica el futuro del proyecto minero.
Además, la Corte subrayó que el procedimiento de ejecución no podía aplicarse al caso, dado que buscaba resolver cuestiones críticas sobre el proceso de evaluación ambiental. Argumentó que intentar abordar competencias y límites de las autoridades involucradas resulta incompatible con los fundamentos legales. De este modo, la Corte reafirma la importancia del respeto a los marcos legales establecidos, lo que sería esencial para el desarrollo sostenible en el ámbito minero y portuario.
Este reciente fallo refuerza el entorno jurídico y ambiental en el que se encuentra actualmente el proyecto Dominga, suscitando la atención de distintos sectores. Las decisiones de la Corte de Apelaciones resaltan la necesidad de que toda intervención en el sector minero no solo cumpla con un marco normativo robusto, sino que también vele por los derechos del medio ambiente y de las comunidades locales. Será crucial observar los pasos que seguirá Andes Iron a partir de esta resolución y cómo impactará en su legado ambiental y su relación con las autoridades competentes.
