En una decisión crucial para el comercio en Brasil, el Tribunal Regional Federal de la 4.ª Región (TRF4) ha revocado una solicitud de sanción levantada por la Secretaría de Hacienda Federal que pretendía suspender el despacho aduanero en los puertos de Paranaguá y Antonina. Esta solicitud, que había permanecido en espera durante casi 13 años, se basó en alegaciones de incumplimiento de normas de seguridad en el manejo de operaciones portuarias. El juez federal Rodrigo Kravetz subrayó el impacto potencialmente devastador que podría tener esta suspensión, considerando que estos puertos son fundamentales para la economía del país y representan la segunda mayor autoridad portuaria de Brasil.
Con un movimiento anual récord de 66,7 millones de toneladas, los puertos de Paraná no solo son vitales para el comercio nacional, sino que además han sido reconocidos en múltiples ocasiones por su gestión ejemplar. Marcus Freitas, director jurídico de Portos do Paraná, recalcó la masiva repercusión negativa que tendría la paralización de sus actividades, afirmando que tal acción causaría un “daño inconmensurable y desproporcionado”. La corte argumentó que la suspensión de operaciones vulneraría el principio de proporcionalidad, afectando servicios públicos esenciales y exponiendo a la economía nacional a serias consecuencias adversas.
A pesar de las preocupaciones planteadas hace más de una década, el TRF4 afirmó que la actual administración portuaria ha logrado subsanar casi todas las irregularidades. Según el fallo, solo un par de cuestiones relacionadas con el acceso y la divulgación de información permanecen sin resolver. Esta evolución en el cumplimiento de normas ha permitido a Portos do Paraná rehusar la suspensión de actividades, reafirmando la importancia de estas operaciones tanto en el ámbito económico como social, ya que su interrupción también podría afectar el pago de salarios y contribuciones de impuestos.
En un contexto donde la seguridad se ha convertido en prioridad, Portos do Paraná ha realizado significativas inversiones en infraestructura y tecnología. En 2022 se inauguró una nueva unidad de seguridad portuaria equipada con un amplio centro de monitoreo y nuevas casetas de vigilancia. Además, se han modernizado las herramientas de seguridad, incluyendo la renovación del equipo de escaneo de equipajes y la adquisición de vehículos patrulla. Asimismo, dos lanchas rápidas están en proceso de fabricación para realizar labores de seguridad e inspección en el puerto.
La seguridad se extiende más allá de las operaciones aduaneras, como se ha evidenciado durante la temporada de cruceros 2024/2025, donde se instalaron 20 cámaras de vigilancia en el Complejo Mega Rocio. Estas cámaras son monitoreadas continuadamente por el personal de seguridad portuaria, que está preparado para actuar de inmediato en caso de cualquier actividad sospechosa. Las imágenes de este sistema son compartidas con la Secretaría de Hacienda y la Policía Federal, reforzando así la colaboración interinstitucional en la vigilancia y asegurando un entorno seguro tanto para las actividades comerciales como para los pasajeros.
