Las obras de ampliación de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el Puerto de Montevideo se encuentran actualmente paralizadas, afectando de manera significativa el avance del proyecto. Este impasse se hizo evidente en mayo, cuando se incumplió el contrato de construcción, lo que desencadenó la aplicación de multas millonarias a la empresa responsable. A pesar de los esfuerzos realizados para llevar a cabo las instalaciones, se han evidenciado problemas en la coordinación y ejecución del plan original, que contemplaba la creación de un muelle de 730 metros y una plataforma de contenedores que abarca un área equivalente a 23 manzanas, así como un dragado profundo que asegura la funcionalidad del puerto.
El cronograma inicial establecía que para este mes se debería haber completado al menos la mitad del muelle y un tercio de la nueva plataforma, metas que no se han cumplido. En la actualidad, el avance se ha estancado y solo se están realizando trabajos menores que no contribuyen significativamente a la finalización del proyecto. La situación ha sido complicada por las disputas legales entre las empresas involucradas en la construcción, que han llevado a que las obras estén congeladas desde diciembre del año pasado. En medio de estos conflictos, el contratista enfrenta multas que ascienden a unos USD 70 millones debido al incumplimiento contractual.
La empresa Katoen Natie, responsable de la construcción, había llegado a un acuerdo con el gobierno uruguayo en 2021, lo que permitió la extensión de su concesión hasta el 2081. Sin embargo, este acuerdo no ha garantizado el avance del proyecto según lo previsto. Desde la finalización de la excavación en roca y el dragado, se ha notado una drástica paralización en donde de los 130 pilotes requeridos para el muelle, solo han sido instalados seis. Además, alrededor de 160 trabajadores del proyecto están actualmente en situación de seguro de desempleo, lo que refleja el impacto económico que este retraso está generando en la comunidad.
Las autoridades del puerto, a través de la ANP, están considerando diversas estrategias legales para resolver la situación, y TCP ha iniciado un arbitraje de emergencia ante la Corte de la Cámara de Comercio Internacional en Amberes para que la empresa Jan De Nul cumpla con sus obligaciones contractuales. Este proceso se ha visto complicado por las acciones legales cruzadas entre las diferentes empresas, donde cada parte intenta deslindar responsabilidades sobre la situación actual del proyecto. A pesar de reuniones entre las partes involucradas, aún no se ha alcanzado un acuerdo que permita reanudar los trabajos en la terminal.
Los actores involucrados, tanto empresariales como del gobierno, han planteado la necesidad de un diálogo abierto para reestructurar la financiación del proyecto, que ha sufrido significativos sobrecostos. Todos los esfuerzos para desbloquear la situación han encontrado obstáculos debido a las diferentes posturas de las partes en conflicto. Mientras el puerto de Montevideo espera su ampliación y modernización, la obra permanece estancada a medio camino, lo que podría provocar no solo pérdidas económicas, sino además un deterioro en la reputación del país como un destino atractivo para la inversión en infraestructura portuaria.
