La Contraloría General de la República ha revelado una alarmante irregularidad en la gestión de recursos humanos de las municipalidades del país, al detectar que más de 106 mil funcionarios municipales no están oficialmente registrados en el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Este hallazgo surge a raíz de una exhaustiva revisión de datos que abarca el periodo 2022-2023, en la que se constató que, a pesar de haber percibido una renta o honorarios, estos empleados no figuran en la plataforma establecida para la administración pública.
Con el objetivo de desentrañar esta situación, la Contraloría implementó dos estrategias clave: el Plan de Monitoreo y Control Municipal y un análisis comparativo de datos que cruza la información de las declaraciones de renta presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) con los registros de SIAPER. Este enfoque ha permitido identificar las falencias en el cumplimiento de las normativas que regulan el registro de personal municipal, destacando la importancia de la transparencia y el control en el uso de recursos públicos.
De las 345 municipalidades a nivel nacional, solo 231 han realizado el proceso de registro de manera adecuada, lo que evidencia una falta de compromiso en varias comunas ante esta obligación legal. De las informaciones administrativas presentadas, un alarmante 43% de los funcionarios no está registrado en el sistema SIAPER, lo que plantea interrogantes sobre la financiera y administrativa responsabilidad de las municipalidades en cuestión. Entre las localidades con mayores irregularidades se encuentran Arica, Caldera y Huara.
Además, el informe de la CGR señala que los municipios de Santiago, Talcahuano y El Bosque lideran el ranking de los lugares con mayor número de personas no registradas oficialmente. Esta situación no solo pone en entredicho la gestión interna de estos gobiernos locales, sino que también suscita preocupaciones sobre la seguridad social y laboral de estos trabajadores. Sin un registro formal, su acceso a beneficios y derechos laborales se ve severamente afectado, lo que podría derivar en futuros conflictos sociales.
La Contraloría ha instado a los municipios a tomar medidas inmediatas para regularizar esta situación y garantizar que todos los funcionarios reciban las protecciones y derechos que les corresponden. Es fundamental que se realicen esfuerzos proactivos para corregir estas deficiencias, con el fin de restablecer la confianza pública en la gestión municipal. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales del funcionamiento del Estado, especialmente en lo que respecta a la administración del personal, un aspecto clave que influye directamente en el bienestar de los ciudadanos.
