Esta mañana, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la necesidad de aplicar la Ley Antiterrorista tras el atentado perpetrado contra las obras de construcción de la central hidroeléctrica en Rucalhue. En este contexto, Cordero anunció su inminente viaje a la región, donde planea reunirse con representantes de la empresa afectada, la International Water & Electric Corp., de capitales chinos. Este ataque, que se registró el pasado domingo, resultó en dos guardias heridos y daños significativos a la infraestructura, incluyendo 45 camiones y 5 maquinarias dañadas, lo que pone en riesgo una importante inversión del extranjero en el país.
Durante una entrevista concedida a Radio Pauta, Cordero subrayó la importancia de garantizar la seguridad en el proyecto al reunirse con la empresa, enfatizando que el Gobierno chileno está comprometido con la continuidad de la inversión. Además, el secretario de Estado hizo un llamado claro a aquellos que intenten oponerse ilegalmente al desarrollo del proyecto, señalando que la utilización de la Ley Antiterrorista es un mensaje contundente y una herramienta poderosa en manos del Estado para hacer frente a estas eventualidades. “La implementación de esta ley muestra la firmeza del Estado en el ejercicio del poder en cuestiones que afectan la seguridad y el desarrollo económico”, destacó.
En respuesta a la situación, comunidades mapuche pewenche de Alto Biobío, junto con agrupaciones sociales y ambientales, han planeado una manifestación en La Moneda para exigir la paralización del proyecto hidroeléctrico Rucalhue. Como parte de su iniciativa, entregarán una carta al Presidente de la República y a otras autoridades, expresando su preocupación por lo que consideran una grave vulneración de los derechos de las comunidades pehuenche. La carta argumenta que la construcción de una cuarta central hidroeléctrica traería consigo impactos severos que afectarían irreversiblemente el entorno y la vida de los habitantes de la zona.
Los representantes de las comunidades mapuche han indicado que la carta no solo es una expresión de protesta, sino también un mecanismo para solicitar una interlocución con el Gobierno. Además, tienen previsto presentar los resultados de reuniones previas que sostuvieron con diplomáticos chinos y autoridades locales, en las que manifestaron su oposición al proyecto y los daños que ya se han comenzado a visibilizar por la obra. Estas acciones reflejan un creciente descontento frente a la acumulación de iniciativas energéticas en su territorio, que según afirman, se llevan a cabo sin un verdadero diálogo ni consulta previa.
La situación en Rucalhue se ha convertido en un punto álgido de tensión entre la inversión extranjera y los derechos de las comunidades originarias en Chile. A medida que avanza el proceso de construcción y se intensifican las protestas, se espera que el Gobierno, liderado por Cordero, participe activamente en la mediación y búsqueda de soluciones que respeten tanto la seguridad como los derechos territoriales mapuche. La forma en que se maneje esta crisis podría sentar un precedente importante sobre la conciliación entre desarrollo económico y respeto por la cultura y derechos de los pueblos indígenas en el país.
