La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha recomendado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) llevar a cabo una licitación transitoria para el Terminal 2 del Puerto de Valparaíso. Esta recomendación se da en el contexto de la solicitud de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) al Tribunal, donde se discute la mejor manera de garantizar la continuidad operativa de este importante terminal en el período 2027-2029. La propuesta de la FNE se enfoca en asegurar condiciones justas y equitativas de acceso a este terminal, que juega un papel crucial en la logística portuaria de la región.
Anita Reyes, abogada de la División Antimonopolios de la FNE, argumentó durante una reciente audiencia pública que la licitación transitoria fomenta la competencia y protege a los usuarios portuarios. Este enfoque es necesario dado el actual contexto de baja presión competitiva en el que opera el Terminal 2, que maneja aproximadamente el 90% de la carga fraccionada de la Región de Valparaíso. La FNE sostiene que existe una concentración que limita la competencia efectiva, identificado por barreras estructurales y la especialización de otros terminales en diferentes tipos de carga.
La FNE también advirtió sobre los riesgos de extender el contrato actual con el Terminal Portuario de Valparaíso (TPV). Según el organismo, esta decisión solamente perpetuaría las condiciones actuales de concentración y discriminación, sin ofrecer mejoras regulatorias o incentivos para la eficiencia operativa. Además, se destacó que el Terminal 2 ha mostrado resultados positivos en términos de rentabilidad desde su concesión en 2022, lo que demuestra su viabilidad económica y la capacidad de atraer interesados mediante una licitación competitiva.
La experiencia del proceso de licitación de 2021, donde participaron seis oferentes y se adjudicó una tarifa que fue un 53% inferior a la segunda mejor oferta, respalda las conclusiones de la FNE acerca del potencial competitivo del terminal. La Fiscalía aclaró que los argumentos presentados por la EPV a favor de la extensión del contrato, como el ahorro en los costos de licitación, no se traducirían en beneficios tangibles para los usuarios, ni implicarían el riesgo de aumentos tarifarios si se diseñara adecuadamente la licitación.
Por último, la FNE propuso revisiones adicionales a las bases de licitación, incluyendo la obligación de transparentar tarifas y condiciones objetivas de descuentos y la implementación de un sistema activo de fiscalización. Recomendaron que la concesionaria presente reportes semestrales sobre tarifas y volúmenes de carga, enfatizando que solo en caso de que una licitación resultara desierta, se podría considerar una extensión del contrato vigente. A través de estas medidas, la FNE busca reforzar la competencia en el sector portuario y asegurar que los intereses de los usuarios sean priorizados.
