Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), se encuentra en el centro de un intenso debate sobre la propuesta de implementar un impuesto al comercio exterior conocido como royalty portuario . Esta iniciativa ha generado controversia, ya que muchos sectores cuestionan su justificación, señalando que no existe un recurso natural extinguido que valide un cargo de este tipo. Más allá de la terminología, el objetivo es la imposición de una tasa de 2 dólares por cada tonelada transferida, lo que podría tener implicaciones significativas en el ámbito del comercio internacional y la economía local.
Las iniciativas parlamentarias propuestas para aplicar este impuesto han tenido un recorrido mixto en el Congreso. Algunas han fracasado debido a la declaración de inconstitucionalidad, ya que la potestad de establecer tributos es exclusiva del Ejecutivo. Sin embargo, otras iniciativas aún se encuentran en proceso de tramitación. Fernández advierte que, ya sea que el costo se imponga a las navieras o directamente a los productos exportados, el verdadero afectado será el consumidor final, quien deberá asumir el incremento a través de un aumento en los precios de los productos en el mercado.
Si este nuevo cargo se incorpora al coste del transporte, los efectos económicos en los fletes desde Chile hacia Asia o Estados Unidos serían notables. Según los análisis, el impacto de un gravamen de 2 dólares por tonelada podría resultar en un incremento de entre el 3% y el 25% en el precio del flete para productos clave como el vino, la celulosa y la madera. Tales aumentos, que se reflejarían en el historial de costos de exportación, amenazan la competitividad de los productos chilenos en el mercado internacional, poniendo en riesgo su posición frente a competidores en el extranjero.
En un contexto similar, los productos de importación también sufrirían un efecto adverso. Se estima que el incremento de precios en el mercado interno podría derivar de esta mala política impositiva, resultando en un aumento de la inflación y daño adicional a la competitividad del país. Fernández subraya la importancia de una evaluación cuidadosa de las medidas fiscales propuestas, ya que un flujo económico estancado afectaría tanto a la economía nacional como a la capacidad de los consumidores para acceder a productos variados y a precios competitivos.
Desde el punto de vista de la recaudación, la Cámara Marítima y Portuaria destaca que las navieras y concesionarios de puertos estatales ya realizan contribuciones significativas al Estado, ascendiendo a 202 millones de dólares anuales, lo que equivale a un promedio de 5,6 dólares por tonelada. Un nuevo impuesto de 2 dólares implicaría un aumento del 35,8% en las contribuciones anuales a organizaciones estatales, algo que Fernández considera insostenible. Con la certeza de que estos mayores costos serán trasladados a los consumidores finales, el presidente de Camport hace un llamado a reflexionar sobre las repercusiones de adoptar políticas fiscales que puedan resultar perjudiciales para la economía chilena.
