En una significativa operación antidrogas, la Policía Nacional de Ecuador, en colaboración con la Guardia Civil de España y Europol, logró desarticular una poderosa banda de crimen organizado internacional que utilizaba el Puerto de Guayaquil como su principal eje logístico. Esta operación fue denominada “Operación Mondragón” y resultó en la detención de 10 personas, así como la incautación de 21 toneladas de droga, lo que representa un duro golpe para el narcotráfico en la región. La información detallada sobre la operación fue publicada en el sitio web de la Policía Nacional de Ecuador, destacando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
Según los informes oficiales, la organización criminal había estado utilizando empresas legalmente constituidas con antecedentes regulares en comercio exterior para infiltrar droga en contenedores destinados a puertos en España, entre ellos Málaga, Algeciras y Valencia. Este modus operandi les permitía operar casi sin levantar sospechas durante los controles antidrogas, un claro indicador de la sofisticación de la red. La investigación inicial, llamada caso Gran Fénix 13-Tormes, permitió a la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas de Ecuador identificar a más de 20 ciudadanos ecuatorianos involucrados en la manipulación y contaminación de los contenedores de exportación, particularmente aquellos cargados con banano.
Un aspecto alarmante de la Operación Mondragón fue la metodología utilizada para introducir los cargamentos ilícitos. Las autoridades revelaron que la organización recurría a la modificación de la estructura de los contenedores, especialmente en sus pisos, así como a la sustitución parcial o total del producto legal. Este enfoque metódico les permitía burlar las inspecciones, reforzando la necesidad de una vigilancia más estricta en los puntos clave de exportación. La Policía Nacional de Ecuador subrayó que el uso de compañías con un historial de exportaciones confiable fue fundamental para reducir las alertas durante los controles en puertos tanto de origen como de destino.
El funcionamiento de la organización delictiva se caracterizaba por su estructura tridimensional. La rama principal, localizada en España e integrada por ciudadanos españoles y marroquíes, utilizaba empresas como fachadas para importar contenedores desde Sudamérica. En Ecuador, las células operaban principalmente alrededor del Puerto de Guayaquil, donde coordinaban la contaminación de las cargas destinadas al mercado europeo. En un nivel adicional, se identificó a una tercera rama ubicada en Dubái, compuesta por inversionistas albaneses que proporcionaban los recursos necesarios para las operaciones, otorgando una apariencia legal al continuo movimiento de capitales y mercancías.
La poderosa operación culminó con la realización de ocho allanamientos de domicilios, la retención de 91 vehículos, el bloqueo de 39 cuentas bancarias y la incautación de 1 millón de euros. Las decisiones judiciales no se hicieron esperar; los miembros de la banda que fueron procesados recibieron sentencias que oscilan entre 7 y 10 años de prisión. Esta exitosa intervención destaca la efectividad de la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico, así como la urgencia de seguir fortaleciendo las medidas de control y vigilancia en los puertos, que son puntos críticos en la cadena de distribución de drogas.
