La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha revocado la sentencia de primera instancia que limitaba las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). Esto responde a la demanda de amparo interpuesta por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., en la cual la empresa buscaba cuestionar las actuaciones del regulador respecto al Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Con este fallo, la Sala respalda el marco legal que rige las operaciones del terminal, reconociendo las competencias plenas de Ositran en este ámbito.
El tribunal concluyó que las actuaciones de Ositran corresponden al ejercicio regular de sus competencias asignadas por la ley y que no suponen una amenaza a derechos fundamentales, un criterio clave para la aceptación de procesos de amparo. De esta forma, la sentencia de enero de 2026, que ordenaba al Ositran abstenerse de ejercer sus funciones sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, fue revocada. Este fallo refleja la intención de garantizar el cumplimiento de las normativas en la regulación de infraestructura de transporte de uso público.
En su resolución, el colegiado consideró fundamental que el Terminal Portuario de Chancay, aunque sea operado por una entidad privada, sigue siendo una infraestructura de uso público. Por lo tanto, la empresa que lo gestiona ha de ser tratada como una entidad prestadora, sujeta a regulación, supervisión y fiscalización por parte de Ositran. La sentencia resalta la importancia de que las intervenciones y comunicaciones del organismo regulador forman parte del ejercicio legítimo de sus atribuciones legales.
Además, el tribunal subrayó que cualquier controversia que surja en relación con los procedimientos administrativos debe ser resuelta por las vías administrativas y contencioso-administrativas que establece el ordenamiento jurídico. Esta postura rompe con la posibilidad de que las empresas eludan las normativas vigentes utilizando instancias judiciales para cuestionar el accionar de un regulador que tiene como función principal asegurar un servicio público eficiente y regulado.
En respuesta a esta decisión judicial, Ositran expresó su respeto por el Poder Judicial y reafirmó su compromiso de seguir ejerciendo las funciones que le son conferidas por la Constitución y las leyes. Este pronunciamiento refuerza la confianza en la capacidad del organismo para velar por la adecuada infraestructura y operación de los terminales portuarios en el país, asegurando que el servicio se realice conforme a los estándares requeridos para el sector transporte.
